Opinion sobre el RD/304/2014

 

El día 6 de mayo se ha publicado en el BOE, con tres años de retraso respecto al mandato establecido en la disposición Final quinta de la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,  el Real Decreto 304/2014 que aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma.

Del análisis del Reglamento, como destaca su exposición de motivos, se pueden resaltar dos aspectos fundamentales:

 

El primero es que el reglamento adopta un enfoque preventivo, en relación con los sujetos obligados que, por su tamaño, presentan mayor riesgo en materia de blanqueo de capitales. Dicho enfoque se materializa en la necesidad de fundamentar los procedimientos de control interno en un exhaustivo análisis de riesgo, que deberá  contemplar el riesgo-cliente, el riesgo  geográfico, el riesgo-producto o el riesgo sector.

 

Ello supone un importante avance en cuanto se abandona el criterio formalista para entrar de lleno en una actividad preventiva y proactiva de los sujetos obligados que disponen de medios para ello.

 

El segundo es que se contempla que los sujetos de menor tamaño queden eximidos de la casi totalidad de las obligaciones de carácter formal y procedimental. La distinción entre los distintos tipos de sujetos se establece en función de  los umbrales que recoge la Recomendación 2003/361 de la Comisión Europea, sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. El texto trata como microempresas a los corredores de comercio (parece que hay un error y se refiere a los corredores de seguros) y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros.

 

Este aspecto está siendo objeto de un fuerte debate, por cuanto el artículo 31 del nuevo texto, en lo que parece un claro exceso reglamentario, ha eximido a los sujetos que no superen el umbral, de las obligaciones relativas a análisis de riesgo, manual de prevención, representante ante SEPBLAC, órganos de control interno, examen externo y formación. Y ello porque la Ley no contempla la posibilidad de eximir del nombramiento de representante ante SEPBLAC a ningún sujeto (solo de comunicar el nombramiento), ni de eximir de informe externo a las personas jurídicas, cualquiera de su tamaño, ni de formar a los empleados. Se plantean dudas en otros aspectos como en los límites a la obligación de identificar al titular real, no recogidos en al Ley, la exención de análisis de riesgos para los sujetos que no superen los umbrales, cuando dicho análisis es necesario para la diligencia reforzada o Al margen de la controversia, es necesario destacar que los sujetos que no superen los umbrales citados, aunque exentos de las obligaciones procedimentales, no están exentos del cumplimiento de las obligaciones materiales que la Ley impone a la totalidad de los obligados. Así, tendrán que cumplir los siguientes aspectos:

  • En materia de diligencia debida destaca la obligación general de identificar mediante documentos fehacientes a cuantas personas físicas o jurídicas participen en relaciones de negocio u operaciones ocasionales por importe superior a 1,000 euros, con algunas excepciones. Se mantienen la obligación de identificar al titular real así como el propósito e índole de la relación de negocios y el seguimiento de la misma.
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  • En cuanto  a las obligaciones de información, se exige a los sujetos que no excedan los umbrales, la obligación de examen especial estructurado, de comunicación por indicio, y de conservación, durante diez años, tanto de los documentos de diligencia debida como de los registros de las relaciones y operaciones de negocio.
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Esto plantea a priori, problemas a los citados sujetos, que quedan plenamente sometidos al régimen de responsabilidades que marca la ley, salvando las de índole material que hemos señalado, sin que se especifique la forma en que van a poder dar cumplimiento a las mismas.

Por ello, entendemos que los obligados de pequeño tamaño deberán adoptar algunas medidas organizativas que les permitan cumplir sus obligaciones en la materia. Así, la persona física obligada o el responsable de la organización deberán dotarse de un protocolo o guía técnico donde se recojan sus obligaciones mínimas, a efectos de poder llevarlas a su cumplimiento. Dicha guía, deberá recoger las obligaciones de diligencia debida y de comunicación básicas, en los términos expuestos.

Por último, el Reglamento regula cuestiones como los órganos centralizados de prevención de blanqueo para notarios y registradores, las contramedidas financieras internacionales, el fichero de titularidades financieras o la organización institucional.

Como conclusiones, podemos decir que el nuevo reglamento tiene luces y sombras, destacando entre las primeras la optimización de los recursos del sistema para enfocarlos a la persecución de los grandes focos de blanqueo y, entre las segundas, los problemas de colisión con la Ley en aspectos concretos y las consiguientes dudas de interpretación.

 

 

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